Discutir el aborto. Respuesta a José J. Ugarte.
Llevo años estudiando el tema del aborto y aún me sorprende la falta de conexión con la realidad de muchos de quienes opinan sobre el tema. Personas que en otras áreas defenderían la idea de que las leyes deben ser eficaces y que hay que atender a las consecuencias indeseadas que pueden tener normas bien inspiradas, adoptan una postura dogmática y simplista cuando se refieren a la penalización del aborto
Si lo que se quiere es proteger la vida por nacer, lo primero que debemos preguntarnos es si la criminalización del aborto en toda circunstancia cumple con ese objetivo. Tomar en serio esta pregunta es lo menos que puede hacerse, cuando los estudios de salud pública a nivel mundial muestran que el carácter legal o ilegal del aborto no influye en la incidencia de las tasas de aborto. Estas son muy altas en Europea del Este y bajas en Europa occidental, siendo el aborto legal en ambas regiones. Y son muchísimo más bajas en Europa occidental que en América Latina, donde el aborto está muy restringido. De acuerdo a los estudios, Chile tiene una de las mayores tasas de aborto en América Latina.
Los países que han ido despenalizando parcialmente el aborto no lo han hecho porque su moral se haya corroído, sino porque han tomado en cuenta la ineficacia de la ley penal para disminuir los abortos y los enormes costos que la penalización tiene en términos de mortalidad y morbilidad materna.
La criminalización del aborto terapéutico y del feto que sufre ausencia parcial o total del cerebro (anencefálico) impide a las mujeres proteger su vida o su salud cuando éstas están en peligro. Implica también que deban soportar situaciones de angustia tan extremas que para ellas equivalen a una verdadera tortura sicológica y a veces física. Muchos abogados expresan su conmiseración con las mujeres que viven estas experiencias, pero no extraen las conclusiones legales que corresponde. Es necesario entender que , supuestamente en aras de la protección de la vida prenatal, se están restringiendo, entre otros, los derechos fundamentales a la vida y salud de las mujeres y, en muchas ocasiones, exponiéndolas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿No necesitamos preguntarnos si normas legales que tienen costos tan altos al menos cumplen con el objetivo que aparentemente les sirve de fundamento, esto es, proteger la vida por nacer? Y si lo cumpliera (lo que es dudoso), ¿no debiéramos preguntarnos si existen medios alternativos y menos gravosos que la penalización para lograr el mismo objetivo? Si de algo sirve la experiencia extranjera es para introducirnos en esta discusión y ver cómo otras sociedades han dado respuesta a estas preguntas.
En una entrevista radial Carlos Larraín, explicó sinceramente los argumentos de los sectores conservadores en temas morales. Se le preguntó qué objetivo tenía obligar a una mujer a mantener un embarazo de feto inviable si éste va a morir de todas formas antes de nacer u horas después. El dio dos razones: que los médicos no se manchen las manos al realizar un aborto y que la mujer no se arrepienta de por vida de una decisión errónea. Siendo médicos y embarazadas personas (sustancia individual de naturaleza racional, como las define el profesor J.J. Ugarte) y adultas, me parece sensato que sean ellas y ellos quienes decidan por sí mismos las decisiones que quieren tomar en tales casos. En eso consiste el ejercicio responsable de la autonomía.
Verónica Undurraga