Análisis de reportaje relativo a Proyecto de Ley migratoria - Comunicado Comisión de Inmigrantes
El día domingo 15 de julio, “El Mercurio”, publicó en su cuerpo de reportajes, un artículo relativo a la iniciativa legal del actual gobierno, que busca reformar la legislación migratoria vigente en Chile. De acuerdo a dicho medio, la iniciativa ingresará antes del 15 de agosto al Congreso.
En este sentido, la Comisión de Inmigrantes de Libertades Públicas A.G. aprueba y respalda la iniciativa del gobierno en orden a iniciar lo antes posible la discusión del proyecto de ley. No obstante, y pese a no tener acceso a dicho documento, los miembros de la comisión, elaboraron un primer comunicado, que analiza los principales puntos dados a conocer, y así, iniciar el amplio debate a que dará lugar esta reforma.
Para acceder al texto completo del comunicado, puede hacer click aquí.
Carta al director enviada por la Comisión y publicada el día lunes 23 de julio, ver aquí.
Reportaje publicado en “El Mercurio”, ver aquí.
Inmigrantes
El Mercurio. Lunes 23 de Julio, 2012.
Señor Director:
El pasado 15 de julio, vuestro medio de comunicación publicó un reportaje relativo a la iniciativa legal del Gobierno que busca reformar la actual legislación migratoria. Como organización celebramos la iniciativa, dado que ella reconoce la necesidad de actualizar una normativa creada en un contexto político muy distinto al vigente, y permite debatir abiertamente sobre uno de los fenómenos más complejos que enfrentan las sociedades globalizadas.
Sin embargo, creemos relevante poner de manifiesto algunos puntos cuestionables del proyecto. Así, no parecen razonables aspectos como la aceleración de los trámites de expulsión, en el caso de extranjeros infractores de leyes internas, la supresión del trámite obligatorio de toma de razón, a cargo de la Contraloría General de la República, y el establecimiento de una obligación para los tribunales de justicia de entregar información relativa a la situación migratoria de extranjeros.
Una reforma de tales características puede constituir una grave transgresión al debido proceso, puesto que la misma autoridad llamada a pronunciarse sobre solicitudes de residencia, o a decretar la expulsión de una persona, sería la facultada para revisar la legalidad de tales actos, tal como indica el citado reportaje.
Con la legislación vigente ya es posible constatar disposiciones que consagran un régimen de indefensión para migrantes. Por ello, esperamos una propuesta que busque reformar en lo sustantivo el estatuto jurídico aplicable a los migrantes, con pleno respeto a las libertades individuales y derechos fundamentales que el derecho internacional y la Constitución Política aseguran a todas las personas.
Finalmente, no podemos dejar de referirnos a las desafortunadas declaraciones del subsecretario del Interior, aparecidas el día 19 de julio en diversos medios, en que, con el objeto de promocionar esta iniciativa, vincula la precariedad de los salarios con la “inmigración irregular”. Este tipo de declaraciones lo único que hacen es alimentar el resentimiento y profundizar la precariedad de uno de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, lo que no se condice con el deber de garante de derechos fundamentales que el Estado debe a todos los habitantes de nuestra república, sin distinciones.
Abigail Tapia
Coordinadora Comisión de Inmigrantes Libertades Públicas AG
Discusión sobre el aborto
EL MERCURIO, Jueves 12 de abril de 2012.
Señor Director,
En carta publicada el día lunes 9 de abril, Fátima Valdés (Fundación Siempre por la Vida) señala a raíz del reciente rechazo del Senado a legislar sobre el aborto terapéutico: “¡Sin duda fue un triunfo para todo Chile!”
¿Cómo puede ser un triunfo para “todo Chile” si la iniciativa más debatida fue rechazada en la Cámara Alta —por antonomasia uno de los órganos más representativos de nuestra Nación— por apenas 18 votos en contra y 14 a favor?
¿Fue un triunfo para todos?
Lo cierto es que nuestra legislación —que gusta de distanciarse cada vez más de los fenómenos evidentes de la realidad; baste recordar la antigua distinción entre hijos legítimos e ilegítimos y la ley de divorcio— continúa negándose a reconocer y normar una práctica que sabemos es común.
Y subsisten quienes pretenden hacernos creer, con impudicia, que sus particulares apreciaciones de la realidad son las de todo Chile.
Cristóbal Hasbun L.
Libertades Públicas A.G.