Libertades Públicas es una organización de ciudadanas y ciudadanos que entiende a las abogadas y abogados como miembros activos de una comunidad política formada por personas libres e iguales que por su profesión asumen la especial responsabilidad de preservar y desarrollar las condiciones básicas para mantener en ella la vigencia de la justicia.
Durante el período 2007-2011 Libertades Públicas (LLPP) rompió la lógica usual de participación en el Colegio de Abogados, incorporando al Consejo la visión de un grupo de profesionales interesados en promover un rol más activo para el Colegio como un centro de discusión y generación de opinión pública.
En este tiempo LLPP ha sido activamente representada en el Colegio, tanto por sus Consejeros, como por la participación de muchos de sus miembros en las numerosas comisiones que forman parte del trabajo del Colegio. Ha sido una época de importantes cambios y, entre ellos, el más relevante, y con mayor proyección en el tiempo, es la aprobación de un nuevo Código de Ética y un nuevo Reglamento de Procedimientos de Reclamos.
Si bien es cierto que la aprobación de este nuevo Código y Reglamento es producto del trabajo de todo el Consejo y muchos afiliados, podemos decir con orgullo que tales cambios fueron el eje de nuestras propuestas programáticas de la dos últimas elecciones y que en su exitosa ejecución la intervención de nuestros Consejeros, Antonio Bascuñán y Jorge Bofill (electos en 2007) y Julián López y Lucas Sierra (electos en 2009), tuvo una influencia decisiva. A lo anterior, debe sumarse la colaboración de numerosos miembros de LLPP en las comisiones de estudio del Colegio.
Las ideas de LLPP han dejado una huella evidente en los textos aprobados, entregando a las abogadas y abogados las respuestas que necesitan para decidir cómo conducirse en situaciones problemáticas, complejas o dudosas, entendiéndolos como ciudadanas y ciudadanos que enfrentan desafíos en su deliberación y no como aristócratas que por origen y formación saben distinguir, por intuición o por su propia condición, entre el bien y el mal. Por su parte, el nuevo Reglamento no sólo ajusta el procedimiento a los estándares del debido proceso, sino que crea nuevas instituciones, introduciendo los Tribunales de Ética.
Seguimos convencidos que el Colegio debe contribuir a la formación y consolidación de una cultura cívica de respeto por los derechos fundamentales, involucrándose en aquellos asuntos de interés público donde se encuentre comprometida su vigencia, reafirmando así el compromiso de quienes ejercemos esta profesión con los principios básicos de justicia política.
En materias estrictamente gremiales, los desafíos que hoy enfrenta el Colegio son de gran relevancia y creemos fundamental consolidar y profundizar el trabajo realizado hasta ahora, por medio de: (i) la implementación de las nuevas instituciones (integración de Tribunales de Ética y creación de un cuerpo jurisprudencial que aplique el nuevo Código); (ii) la consolidación de la práctica del nuevo procedimiento de reclamos; (iii) la intervención en la reforma procesal civil; y (iv) la participación en el Foro de Modernización de la Justicia para el estudio de un nuevo sistema de gobierno judicial.
Creemos, además, que el Colegio debe asumir un rol mucho más activo en el control ético del ejercicio profesional de todas las abogadas y abogados impulsando el proyecto de ley de Colegios Profesionales y ofreciendo, entretanto, asesoría profesional gratuita a los clientes afectados por el indebido ejercicio de profesionales no colegiados.
Estamos convencidos que la incorporación de más profesionales de nuestra organización en el Consejo General del Colegio es la única forma de consolidar y profundizar los cambios logrados al interior de éste, orientándolo a la vigorosa vocación pública que de él se espera. Por todo lo anterior los invitamos a votar por nuestra lista.
Álvaro Anríquez Novoa, abogado Universidad de Chile. Se desempeña profesionalmente en Anríquez Novoa Abogados Ltda.
Jorge Bofill Genzsch, abogado Pontifícia Universidad Católica de Valparaíso. Se desempeña profesionalmente en Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados.
Ivan Harasic Cerri, abogado Universidad Diego Portales. Se desempeña profesionalmente en Harasic & López.
Matías Insunza Tagle, abogado Universidad de Chile. Se desempeña profesionalmente en Insunza, Del Río, Parraguez.
Andrés Jana Linetzky, abogado Universidad de Chile. Se desempeña profesionalmente en Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados
Alfredo Montaner Lewin, abogado de la Universidad de Valparaíso. Se desempeña profesionalmente en Cariola, Diez, Pérez-Cotápos & Cía. Ltda.
Javier Ovalle Andrade, abogado Universidad de Chile. Se desempeña profesionalmente en Ovalle y Cía.
Verónica Undurraga Valdés, abogada Universidad de Chile. Se desempeña profesionalmente en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
María Gabriela Zúñiga Calderón, abogada Universidad de Chile. Se desempeña profesionalmente en el Consejo de Defensa del Estado.